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EL DELITO DE EXTORSIÓN ARTÍCULO 200° DEL CÓDIGO PENAL

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EL DELITO DE EXTORSIÓN

 

Según la real academia española la palabra extorsión proviene del latín extorsio – onis, que significa, 1. Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho. 2. . Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido. Éste último se aproxima al sentido teleológico de la norma penal, toda vez, que la extorsión se define como la conducta dolosa que mediante violencia o amenaza, procura para sí o para otro, una ventaja de carácter económica cuya naturaleza es indebida.

 

MODIFICACIONES AL TIPO PENAL

Que, a efecto de perfeccionar el tipo penal, y con el objeto de reducir la incidencia delictiva y proteger a la sociedad, el legislador ha visto por conveniente modificar la estructura del tipo penal, entre sus modificaciones resultan relevante las que seguidamente se exponen:  

a)       Se incorpora como sujeto activo del tipo penal a los funcionarios públicos.

b)       Se incorpora como sujeto pasivo del tipo penal a las  instituciones públicas y privadas.

c)      Se incrementa la penalidad en el tipo agravado.

d)      Se establece la misma penalidad para el cómplice primario.

e)      Se considera en el tipo penal a los autores que participen en las manifestaciones sociales, que actúen con violencia o amenaza con el objeto de obtener ventaja económica indebida o de cualquier otra índole.

 

ARTICULO 200° DEL CODIGO PENAL –SEGUNDO PARRAFO-  (vigente).

“La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito”. 

ANÁLISIS.-

Precisar en el tipo penal que la misma pena se aplicará al cómplice primario, resulta una innecesaria relevancia técnica legislativa, toda vez; que el artículo 25° del Código Penal, establece con particular evidencia que el cómplice primario tendrá la misma pena prevista para el autor.   Sin embargo; ante la incidencia del tipo penal y los bienes jurídicos tutelados, (La libertad, la vida, la integridad Psíquica, física, y el patrimonio), resulta pertinente y necesario graficar con suma claridad la conducta penalmente relevante.  

 Complicidad primaria y complicidad secundaria (Código Penal).

     Artículo 25.- El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor.

     A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena”.

 

NORMAS LEGALES QUE MODIFICAN EL TIPO PENAL DEL DELITO DE EXTORSION 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 896 DE FECHA 24/05/1998. 

Extorsión.

 Artículo 200.- El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.

La pena será privativa de libertad no menor de veinte años cuando:


     1.- El rehén es menor de edad.
     2.- El secuestro dura más de cinco días.
     3.- Se emplea crueldad contra el rehén.
     4.- El rehén ejerce función pública o privada o es representante diplomático.
     5.- El rehén es inválido o adolece de enfermedad.
     6.- Es cometido por dos o más personas.


La pena será de cadena perpetua si el rehén muere o sufre lesiones graves a su integridad física o mental." 

 

LEY Nº 27472 ART.1 – DE FECHA 05/06/2001.

Artículo 200.- Extorsión

El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años.

 La pena será privativa de libertad no menor de veinte años cuando:

     1. El rehén es menor de edad.

    2. El secuestro dura más de cinco días.

     3. Se emplea crueldad contra el rehén.

     4. El rehén ejerce función pública o privada o es representante diplomático.

     5. El rehén es inválido o adolece de enfermedad.

     6. Es cometido por dos o más personas.

La pena será no menor de veinticinco años si el rehén muere y no menor de doce ni mayor de quince años si el rehén sufre lesiones graves a su integridad física o mental.” 

 

LEY Nº 28353  DE FECHA  06/10/2004

 Artículo 200.- Extorsión

 El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años.

La pena será privativa de libertad no menor de veinte años, cuando el secuestro:

     1. Dura más de cinco días.

     2. Se emplea crueldad contra el rehén.

     3. El rehén ejerce función pública o privada o es representante diplomático.

     4. El rehén es inválido o adolece de enfermedad.

     5. Es cometido por dos o más personas.

La pena será no menor de veinticinco años si el rehén es menor de edad o sufre lesiones graves en su integridad física o mental.

La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el rehén fallece durante el delito o a consecuencia de dicho acto.”

 

LEY Nº 28760   DE FECHA  14/06/2006.

Artículo 200.- Extorsión

El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años.

La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando el secuestro:

    1. Dura más de cinco días.

    2. Se emplea crueldad contra el rehén.

    3. El agraviado o el agente ejerce función pública o privada o es representante diplomático.

     4. El rehén adolece de enfermedad. 

     5. Es cometido por dos o más personas.

La pena será de cadena perpetua si el rehén es menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o discapacitado o si la víctima sufre lesiones en su integridad física o mental o si fallece a consecuencia de dicho acto.” 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 982   DE FECHA 22/07/2007. 

 Artículo 200.- Extorsión

El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. 

La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. 

El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. 

El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1) y 2) del artículo 36 del Código Penal. 

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años si la violencia o amenaza es cometida:

     a) A mano armada;

     b) Participando dos o más personas; o,

     c) Valiéndose de menores de edad. 

Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años.

La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el supuesto previsto en el párrafo anterior:

      a) Dura más de veinticuatro horas.

     b) Se emplea crueldad contra el rehén.

     c) El agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático.

     d) El rehén adolece de enfermedad grave.

     e) Es cometido por dos o más personas.

     f) Se causa lesiones leves a la víctima. 

La pena será de cadena perpetua cuando:

    a)  El rehén es menor de edad o mayor de setenta años.

    b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia.

     c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto.” 

Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 200. Extorsión

El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.

El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:

a) A mano armada;

b) Participando dos o más personas; o,

c) Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma.

Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años.

La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el supuesto previsto en el párrafo anterior:

a) Dura más de veinticuatro horas.

b) Se emplea crueldad contra el rehén.

c) El agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático.

d) El rehén adolece de enfermedad grave.

e) Es cometido por dos o más personas.

f) Se causa lesiones leves a la víctima.

La pena prevista en el párrafo anterior se impone al agente que, para conseguir sus cometidos extorsivos, usa armas de fuego o artefactos explosivos.

La pena será de cadena perpetua cuando:

a) El rehén es menor de edad o mayor de setenta años.

b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia.

c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto.

d) El agente se vale de menores de edad."

ELEMENTOS DEL TIPO PENAL

SUJETO ACTIVO: Cualquier persona o funcionario público.

SUJETO PASIVO: Cualquier persona o institución pública o privada.

BIEN JURÍDICO: La libertad, la vida, la integridad física y emocional, y el patrimonio.

ELEMENTOS CONCURRENTES: la violencia, la amenaza, y la ventaja económica indebida o de cualquier otra índole.

TIPICIDAD SUBJETIVA. Es un delito eminentemente doloso, con ánimo de lucro.

ADMITE: La tentativa, la participación y la coautoría. 

LA ANTIJURÍDICIDAD: Si concurre una causal de justificación el hecho no será antijurídico, el mismo, está previsto en el artículo 20° del Código Penal.

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AMPLIACIÓN DE DENUNCIA PENAL

                                                      -                                                     

                                           Ingreso:  Nº    000 - 2013                      

                                           Sumilla: Formulo ampliación de denuncia penal.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LIMA NORTE.

……………….…………………………., debidamente identificado con D.N.I. Nº 00000000, con dirección domiciliaria en ………………………..,  y domicilio procesal en ………………………………,  a usted  atentamente digo:

Que, recurro a su respetable despacho a efecto de formular AMPLIACIÓN DE DENUNCIA PENAL, contra ………………………………..; y ……………………………., en la Investigación  seguida por la comisión de los Delitos de  ROBO Y USURPACIÓN AGRAVADA ilícitos penales tipificado en los artículos 189º y 204º del Código Penal, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.-  FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO:

1.-  Que, siendo aproximadamente las 01:30 a.m. de la madrugada del día 30 de enero del año en curso, una pluralidad de personas debidamente armadas y cubiertas con pasamontañas ingresaron violentamente a mi vivienda ubicado en la …………………………………………….., con el objeto de posesionarse del mismo, para cuyo efecto procedieron a encañonarme a la altura de la cabeza, así como a mi señora esposa no ofreciendo ninguna resistencia, dada, la circunstancia agravante del hecho.

2.- Que, seguidamente los malhechores comenzaron a desmantelar nuevamente mi vivienda valiéndose de la circunstancia de que la misma, es de material prefabricado, asimismo, delincuencialmente se sustrajeron los bienes muebles de valor que se encontraban en su interior.

3.- Que, en pleno proceso del hecho incriminatorio se dio aviso oportuno a la comisaria del sector, la misma; que llevo a cabo un operativo concluyendo con la captura de parte de los integrantes autores del hecho. Cabe advertir, que la detención se llevó a cabo, toda vez que la población enterados de la violenta agresión de la cual era víctima, procedió inmediatamente apoyarme confrontándose con los delincuentes, los mismos, que hicieron uso de su arma de fuego con el objeto de dispersar a la masa y emprender la fuga en dos automóviles.  De otro lado; cabe precisar que entre los participantes del hecho incriminatorio se pudo identificar notoriamente la cooperación ilícita de dos personas de género femenino. 

4.- Que, entre los detenidos se encontraba el denunciado …………………………; de la misma forma; fue intervenido un camión de placa Nº…........…, el mismo que en su interior transportaba diferentes materiales de construcción, hecho que se encuentra debidamente denunciado y registrado, ante la Comisaria de …………….

5.- Que, en este orden de ideas y conforme a lo expuesto en los apartados precedentes,  existe merito suficiente  a efecto ampliar convenientemente la denuncia penal formulada contra ………………………..; y ……………………………, en agravio del recurrente, por  la comisión de los Delitos de ROBO Y USURPACIÓN AGRAVADA ilícitos penales tipificado en los artículos 189º y 204º del Código Penal.

II.- MEDIOS PROBATORIOS:

 Ofrezco el mérito de los siguientes medios probatorios:

1.- Copia certificada de la denuncia policial efectuada ante la Comisaria de ..............

POR TANTO:

Sírvase UD.  Señor Fiscal Provincial formalizar la correspondiente denuncia ante el Juez Penal, a fin de que ésta sea tramitada conforme corresponda.

OTROSÍ DIGO: Que, adjunto los anexos siguientes:

1.A     Copia certificada de denuncia policial.

                                                          Lima, 09 de febrero de 2013.

 

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DENUNCIA PENAL POR USURPACIÓN AGRAVADA

       

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Sumilla: Formulo denuncia penal por robo y usurpación agravada.

 SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LIMA NORTE.

  ………………………………….,, debidamente identificado con D.N.I. Nº 00000000, con dirección domiciliaria en ……………………………….., y domicilio procesal en ……………………………………., a usted atentamente digo:

Que, acudo a su respetable despacho a efecto de formular denuncia penal por la comisión de los delitos de Robo y Usurpación Agravada, por el concurso de dos o más personas, ilícitos penales tipificado en los artículos 189º y 204º, del Código Penal, contra:

-……………………………., con dirección domiciliaria en ……………………………………..

- …………………………..., con dirección domiciliaria en ………......………………………...

Que, de la misma forma contra los que resulten responsables, a fin de que su despacho formalice ante el Juez Penal la denuncia respectiva contra las referidas personas.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO:

1.- Que, actualmente me encuentro en estado de posesión del inmueble ubicado en ………………………………………, conforme se acredita de la misma forma; con la constancia de posesión otorgada por la Directiva Central de la Asociación ………………………………….., así como; documentos varios que se adjunta, al presente escrito.

2.- Que, en circunstancias inesperadas y siendo aproximadamente las 6.00 a.m. de la mañana del día 30 de enero del año en curso, valiéndose de la oportunidad de que mi predio se encontraba deshabitada, toda vez, que por la distancia acudimos a nuestros centro de labores a tempranas horas del día, los denunciados de manera prepotente ingresaron con violencia a mi vivienda, sustrayendo gran parte de mis bienes que se encontraban en el interior del predio, y de la misma forma; procedieron abruptamente a su desmantelamiento y destrucción total, sin expresión de causa, acción ésta de carácter delictuosa que se materializa fácilmente por la endeble edificación de mi vivienda, la misma, que es de material prefabricado.

3.- Que, de otro lado, se advierte que esta lastimosa situación fue propiamente denunciado ante la comisaria del sector del Distrito de ………………….., a efecto de obtener las garantías que el caso amerita. No obstante; los efectivos policiales que se apersonaron a constatar la comisión de los hechos, se abstuvieron de toda indagación y se limitaron a ser simples espectadores.

4.- Que, en este orden de ideas y estando a lo expuesto en los apartados precedentes, formulo ante usted, ésta denuncia a efecto de que conforme al artículo 02º del Código Procedimiento Penales, formule denuncia penal por la comisión de los delitos de ROBO Y USURPACIÓN AGRAVADA ilícitos penales tipificado en los artículos 189º y 204º del Código Penal, en contra de los denunciados …………………, y …………………………………….

II.- MEDIOS PROBATORIOS:

Ofrezco el mérito de los siguientes medios probatorios:

1.- Copia legalizada de la constancia de posesión otorgado por la Directica Central de la Asociación …………………………………………….

2.- Fotografías que acreditan la posesión de predio.

3.- Fotografías que acreditan la sustracción de mis bienes muebles, así como la destrucción total de la edificación del predio, el mismo; que está construido con materiales prefabricado.

4.- Copias de las facturas de los bienes sustraídos, con lo cual se acredita la existencia y propiedad de los mismos.

5.- Copia literal de la SUNARP de Lima, con lo cual se acredita que el titular del predio es el estado.

III.- ANEXOS:

1.A Copia de D.N.I. del denunciante.

1.B Copia legalizada de la constancia de posesión.

1.C Fotografías que acreditan la posesión de predio.

1.D Fotografías que acreditan la sustracción de los bienes.

1.E Copias de facturas de los bienes muebles sustraídos.

1.F Copia literal de la SUNARP de Lima.

POR TANTO:

Sírvase UD. Señor Fiscal Provincial formalizar la correspondiente denuncia ante el Juez Penal, a fin de que ésta sea tramitada conforme corresponda.

Lima, 03 de febrero de 2013. 

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EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

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EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL


Que, el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal, es un principio que por su naturaleza y contenido garantista, tiene un alcance de carácter constitucional, pues, materialmente se encuentra prescrita  en el artículo 139°, inciso 11  de la Constitución Política del Estado, la misma; que textualmente  dispone lo siguiente: 

 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

 (…)

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.

Que, de otro lado; resulta indispensable subrayar, que el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal, se asienta sobre el soporte de dos principios jurídicos fundamentales que son: El Principio de Legalidad, lex previa, y el Principio de Retroactividad de la Ley Benigna. 

Que, en razón al Principio Legalidad, lex previa, el artículo 2°, numeral 24, literal d, de la Constitución Política del Estado, señala que: Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. Éste principio establece de manera indubitable que al momento de cometerse el hecho considerado punible, la conducta penalmente relevante se encuentre previamente prescrita en la norma penal.  De igual forma; y en virtud del Principio de Retroactividad de la Ley Benigna;  el artículo 103º -segundo párrafo- de la Constitución Política del Estado, señala literalmente lo siguiente:

“Artículo 103°.  Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas.

 La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo

Que, en esta línea de ideas; resulta concluyente que -prima facie- es de aplicación la normal penal vigente en el momento de la comisión del hecho punible, en aplicación del principio de legalidad. Sin embargo; de entrar en vigencia una norma posterior ésta será aplicable siempre y cuando resulte más favorable al procesado. 

Que, estando; a lo expuesto en el párrafo que antecede, del mismo, se desglosa una interrogante de singular importancia, ¿cómo definimos en stricto sensu lo más favorable para el procesado?, al efecto, la doctrina ha suministrado dos teorías diametralmente opuestas, EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY  y  EL PRINCIPIO DE COMBINACIÓN DE LEYES.


Principio de unidad de aplicación de la ley.-  Este principio establece que ante una sucesión de leyes penales, se aplicara la ley más favorable conservando íntegramente  su estructura y contenido como dispositivo legal.

 Principio de combinación de leyes.- Por el cauce de éste principio los magistrados están investidos y facultados, para que en una sucesión de leyes obtén por escoger los preceptos que resulten más favorable para el procesado, resultando de su combinación una tercera ley o lex tertia.  


Que, nuestra legislación penal  recoge sin lugar a dudas, el principio de combinación de leyes, estas reposan con particular evidencia en la exposición de motivos y en el artículo 06° del Código Penal.  Asimismo; mediante ACUERDO PLENARIO Nº 2-2006-CJ-116, de fecha  13 de octubre 2006, La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, ha establecido con carácter vinculante lo siguiente:

 

11. Es congruente con la finalidad esencial de favorabilidad que se pueda reconocer - dentro de las leyes penales- los preceptos que más favorezcan al reo, pues si se autoriza escoger entre dos leyes distintas -íntegramente- en el tiempo, resulta coherente y razonable que puedan combinarse, para buscar un tratamiento más favorable al reo.

 12. Cabe enfatizar que con ello no se está creando una tercera Ley o Lex tertia, sino que se está efectivizando un proceso de integración de normas más favorables al reo, que no colisiona con los contenidos del principio de legalidad. Por lo demás, esta concepción guarda concordancia con el principio de necesidad de la intervención penal, porque cuando se producen variaciones en los preceptos que integran las normas penales y que favorecen al reo, es evidente que el legislador ha estimado necesario regular -en sentido benéfico- la intervención penal”.


Que, finalmente; resulta indispensable destacar que el principio de combinación de leyes, vulnera de forma violenta el principio de legalidad; amputar la ley a efecto de optar por los preceptos más favorables para el procesado,  implica romper con el espíritu de la norma,  su sentido, y capacidad.  No obstante;  mediante  sentencia del Tribunal Constitucional, EXP. N.° 01955-2008-PHC/TC, se ha establecido que la teoría de la UNIDAD DE LA LEY PENAL, no resulta vulneratoria del principio de favorabilidad (artículo 139, inciso 11 de la Constitución), lo que implica sin lugar a dudas –a contrario sensu- que ésta se podría aplicar.

 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 01955-2008-PHC/TC.

 10.  Al respecto considera este Tribunal que siendo la favorabilidad en materia penal el resultado de aplicar, por un lado, la ley vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, y si resultase más favorable, de manera retroactiva las normas que con posterioridad al hecho delictivo hubieran entrado en vigencia, ello no resulta contrario a considerar, en la comparación de las diversas normas, a cada una de ellas como una unidad. En tal sentido, la cuestionada aplicación  de la teoría de la unidad de la ley penal no resulta vulneratoria del principio de favorabilidad (artículo 139, inciso 11 de la Constitución)…


Que, estando a lo señalado en los apartados precedentes, trasciende súbitamente la necesidad de formular otra interrogante ¿qué motivó al legislador nacional, el hecho de optar por el principio de combinación de leyes?, sin lugar a dudas; la fuerza gravitacional del escenario jurídico, toda vez, que el Código Penal de 1991, se promulga bajo la vigencia de la Constitución de 1979, y recoge los principios de ésta, a los dos años de la promulgación del referido código se promulga la constitución de 1993, dejando sin efecto los principios de su antecesor, véase el cuadro comparativo:   

 

CONSTITUCIÓN 1979

 Artículo 233.­Son garantías de la administración de justicia:

 7.- La aplicación de lo más favorable al reo en caso de duda o de conflicto en el tiempo de leyes penales.

CONSTITUCIÓN 1993.

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia

Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.

DIFERENCIA:

-          La aplicación de lo más favorable al reo. (Constitución 1979).

-           La aplicación de la ley más favorable al procesado. (Constitución 1993).


Que, nótese que en la constitución de 1979, se  utiliza el  pronombre personal neutro “lo”,  y al indicarse literalmente “lo más favorable al reo”, se está resaltando en la expresión, con cierto grado de intensidad, -lo más favorable-, y estando a una interpretación -in extenso- se advertiría que los magistrados estarían facultados, para escoger en una sucesión de leyes los diferentes preceptos que resulten de manera significativa lo más favorable para el procesado. (Principio de combinación de leyes). 

Que, -contrario sensu- en la constitución de 1993, se utiliza la expresión -la ley más favorable- nótese que resulta evidente la delimitación que establece la norma, toda ves, que literalmente para efecto de aplicación en una sucesión de leyes deberá aplicarse “la ley más favorable”, la ley en su integridad en cuanto estructura y contenido. (Principio de unidad de aplicación de la ley).  

 

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MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 384° DEL CÓDIGO PENAL DELITO DE COLUSION

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MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 384° DEL CÓDIGO PENAL  DELITO DE COLUSION


Que, mediante Ley  Nº 29703, publicada el 10 junio 2011, se modificó el artículo 384° del Código Penal, estableciéndose textualmente lo siguiente:

 

 “Artículo 384.- Colusión

 El funcionario o servidor público que, interviniendo por razón de su cargo o comisión especial en cualquiera de las contrataciones o negocios públicos mediante concertación ilegal con los interesados, defraudare patrimonialmente  al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.”


Esta nueva redacción del tipo penal, causó con significativa evidencia un malestar social y político, toda vez;  que se afirmaba que la vigencia de esta Ley buscaba sin lugar a dudas, debilitar la lucha contra la corrupción en el Perú e instaurar inevitablemente  la impunidad en el manejo y conducción de los bienes públicos. El defecto cuestionable en la modificación de la disposición penal radica fundamentalmente en introducir el termino  “patrimonialmente”, pues, esta consideración reorienta inflexiblemente la conducta penal para efecto de su consumación, advirtiendo; que para la configuración de la conducta penal el daño o perjuicio al estado debería afectar inexorablemente el patrimonio público, definiéndose de esta forma como un delito de resultado.

Que, asimismo; ante los duros cuestionamientos provenientes de los diferentes sectores políticos,  mediante Ley Nº 29758, publicada el 21 julio 2011, se estableció la modificación siguiente:


Artículo 384. Colusión simple y agravada

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.


Que, esta nueva redacción del tipo penal, establece un elemento básico y otro agravado en el delito de colusión, conservando en su segundo párrafo el término “patrimonialmente”, que fue sujeto de cuestionamiento en la ley derogada.  Esta nueva descripción del tipo penal establece claramente la definición de dos conductas con relevancia penal, toda vez,  que en la estructura típica del primer párrafo para efecto de  la configuración del tipo penal solo basta concertar o  pactar con los interesados para que el acto ilícito tenga los alcances de la consumación,  siendo irrelevante en este acto que se produzca algún perjuicio al estado.  De otro lado; en la figura de la colusión agravada -segundo párrafo- resulta un elemento típico de trascendencia que se produzca el daño o perjuicio al estado para su consumación, definiéndose este tipo penal como un delito de resultado.   

Que, en esta línea de ideas; mediante una acción de Inconstitucionalidad formulada por el Fiscal de la Nación, Don: José Antonio Peláez Bardales, contra algunas disposiciones de la Ley 29703, que modifica  el artículo 384° del Código Penal, -Delito de Colusión-  El Tribunal Constitucional, mediante Expediente N° 00017-2011-PI/TC, publicado el 07 junio 2012, considerando; “29. Al respecto, este Tribunal advierte que la redacción de la disposición cuestionada a través de la introducción del término “patrimonialmente” puede direccionar la interpretación de la norma penal hacia supuestos en los que lo que en puridad lo que se ve perjudicado es  el patrimonio del estado y no los principios constitucionales que rigen la contratación pública. Ello a su vez sería contrario a los dispuesto en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según el cual para - Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una disposición en contrario no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al estado”.  Declara fundada la demanda de inconstitucionalidad en el extremo referido a la modificación del artículo 384° del Código Penal a través de la ley N° 29703 y en consecuencia nulo y carente de todo efecto la expresión “patrimonialmente”.  Señalando, asimismo; en el segundo párrafo de la parte resolutiva, que  “los jueces de la justicia ordinaria, de conformidad con lo precisado en el fundamento N° 37 de la presente sentencia, cuando se invoque la referida disposición no podrán considerar el término “patrimonialmente”.

Que, finalmente; la resolución del Tribunal Constitucional, advierte; claramente que no se podrá incluir del texto normativo, el termino “patrimonialmente”, cuando se pretenda aplicar el artículo 384° del Código Penal, modificada por la Ley N° 29703.  Sin embargo; la referida resolución constitucional no afecta de manera singular  la modificación  dispuesta mediante Ley Nº 29758, que modifica el artículo 384° del Código Penal, (Delito de Colusión), que relega en su segundo párrafo el término “patrimonialmente”.